La videovigilancia con inteligencia artificial ya está en muchas empresas y comunidades. Cada vez más cámaras de seguridad detectan personas y vehículos, leen matrículas, reconocen caras o permiten buscar a alguien en horas de grabación a partir de su ropa o de una fotografía. Muchas vienen activadas de fábrica o se activan con una simple actualización del software.
El 6 de octubre de 2026 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó una nota sobre dos apercibimientos (advertencias formales) dirigidos a dos ayuntamientos por usar sistemas de videovigilancia con este tipo de funciones. La AEPD no impuso multa porque la ley no permite multar a las administraciones públicas; una empresa o una comunidad de propietarios no tiene esa protección. Además, la nota deja un mensaje que afecta a cualquiera que instale o renueve cámaras: que el sistema pueda hacer algo no significa que esté permitido usarlo.
En este artículo te explicamos qué cambia cuando una cámara «piensa», qué garantías exige la normativa y por qué conviene revisar el sistema con un especialista antes de activar cualquier función inteligente.
Qué cambia con la videovigilancia con inteligencia artificial
Una cámara convencional graba imágenes. Una cámara con IA, además, analiza esas imágenes y genera información nueva sobre las personas: rasgos, movimientos, hábitos, matrículas o metadatos que permiten localizar a alguien en segundos. Para la normativa de protección de datos eso es un tratamiento distinto, con más riesgo, y no queda cubierto automáticamente por el cartel de «zona videovigilada».
Las funciones que la AEPD analizó en su nota fueron, entre otras:
- Detección y reconocimiento facial.
- Detección y clasificación de personas y vehículos.
- Extracción de metadatos de las grabaciones (datos que la cámara genera sobre lo grabado: hora, lugar, tipo de persona o vehículo).
- Búsqueda por apariencia, incluso a partir de una fotografía de la persona.
Las garantías que exige la AEPD
Aunque la nota se refiere a ayuntamientos, sus garantías salen del Reglamento general de protección de datos y se aplican igual a empresas y comunidades:
- Protección de datos desde el diseño y por defecto. Lo prudente es que las funciones de IA estén desactivadas por defecto y solo se activen las que estén justificadas.
- Necesidad y proporcionalidad, función por función. No basta con justificar la videovigilancia en general: hay que justificar por qué se necesita el reconocimiento facial, la búsqueda por apariencia o la lectura de matrículas, y si existe una alternativa menos invasiva.
- Definir qué datos se tratan, cuánto tiempo se conservan y quién accede. Las imágenes deben borrarse en el plazo máximo de un mes desde que se graban (artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018). Solo pueden guardarse más tiempo para acreditar hechos que atenten contra personas, bienes o instalaciones, y en ese caso deben entregarse a la autoridad competente en un plazo de 72 horas.
- Evaluación de impacto (EIPD) cuando el tratamiento suponga un alto riesgo, algo habitual en cuanto entran en juego funciones analíticas.
- Reglas más estrictas para los datos de la cara y el cuerpo (biométricos). Cuando el reconocimiento facial sirve para identificar a una persona concreta, trata datos biométricos de categoría especial (artículo 9 del Reglamento general de protección de datos). Su uso está prohibido salvo excepciones muy tasadas, y una empresa o una comunidad de propietarios difícilmente encajará en ellas.
- Transparencia. Las personas grabadas deben saber no solo que hay cámaras, sino qué hacen con su imagen.
A esto se suma el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que clasifica como de alto riesgo los sistemas de identificación biométrica remota e impone obligaciones tanto al fabricante como a quien los utiliza.
Empresas y comunidades de propietarios: dónde suele estar el problema
- Empresas: cámaras en accesos, almacenes o aparcamientos que cuentan personas, detectan «comportamientos anómalos» o se usan para controlar a la plantilla. El control laboral con cámaras exige informar antes, de forma expresa, clara y concisa, a la plantilla y, en su caso, a sus representantes (artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018), y añadir IA lo complica aún más.
- Comunidades de propietarios: equipos que el instalador configura con todas las funciones activadas, lectores de matrículas en garajes o accesos con reconocimiento facial. Ya explicamos los requisitos básicos en nuestro artículo sobre videovigilancia en comunidades de propietarios; con IA, el listón sube.
Lo que suele pasarse por alto al configurar las cámaras
El instalador conoce la cámara, pero no tiene por qué conocer la normativa de protección de datos. Y el error no se ve hasta que llega una reclamación o una inspección. Estas son las dificultades más habituales:
- Saber qué funciones están realmente activas. Muchas se activan por defecto o tras una actualización, y no siempre aparecen con un nombre claro en el menú del equipo.
- Justificar cada función por separado. La AEPD exige un análisis de necesidad y proporcionalidad para cada capacidad del sistema, no un argumento genérico de seguridad.
- Decidir si hace falta una evaluación de impacto y hacerla bien: identificar riesgos reales, medidas y conclusiones que se sostengan ante la Agencia.
- Encajar el control laboral con los derechos de la plantilla y el deber de informarles previamente.
- Revisar los contratos con el instalador o la empresa de seguridad, que suele actuar como encargado del tratamiento y necesita un contrato conforme al artículo 28 del Reglamento general de protección de datos.
- Adaptar la información a las personas grabadas, que ya no se resuelve solo con el cartel.
Un sistema mal configurado puede acabar en una sanción, en la obligación de desactivarlo después de haber pagado por él o en que las grabaciones se impugnen como prueba. Un error de configuración no se ve hasta que llega una reclamación, y entonces ya no basta con apagar la función. Por eso es más rentable revisarlo antes que corregirlo después. Si además usas la IA en otros procesos, como la selección de personal, te puede interesar nuestro artículo sobre IA para analizar currículums.
Cómo te ayudamos en Unojuridica
En Unojuridica revisamos tu sistema de videovigilancia de principio a fin para que puedas usarlo con seguridad jurídica:
- Analizamos qué funciones tiene activadas tu sistema y cuáles están justificadas.
- Elaboramos el análisis de necesidad y proporcionalidad y, cuando hace falta, la evaluación de impacto.
- Preparamos la información para personas grabadas y trabajadores, y el registro de actividades.
- Revisamos los contratos con instaladores y empresas de seguridad.
- Si ocurre un incidente con las grabaciones, te acompañamos en la gestión de la brecha de datos.
Somos un despacho de protección de datos y consultoría en igualdad, con oficina en Valladolid y clientes en toda España. Escríbenos a unojuridica@unojuridica.com, llámanos al 983 099 435 o pide una revisión de tu sistema de cámaras desde nuestra página de contacto, y te decimos qué puedes mantener activado y qué no.
Fuentes: nota de la Agencia Española de Protección de Datos de 6 de octubre de 2026 sobre los apercibimientos AI-00170-2026 y AI-00171-2026; Reglamento (UE) 2016/679 (arts. 5, 9, 25, 28 y 35); Ley Orgánica 3/2018 (arts. 22 y 89); Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial.
